Han sido diversas las opiniones de
diferentes sectores políticos y sociales del país tras el anuncio desde la
Habana de un principio de acuerdo en el segundo punto de la agenda en el
proceso de paz entre el gobierno y la guerrilla que condiciona una
participación política de las FARC.
"Lo
que hicimos en este acuerdo Gobierno y Farc, fue convenir un mecanismo legítimo
con participación de las organizaciones políticas nacionales, para que en ese
espacio se le dé vida al Estatuto para la Oposición", enfatizó el jefe
negociador del gobierno, Humberto de la Calle.
El
funcionario del Departamento de Planeación Nacional, Claudio Galán, hijo del candidato
presidencial asesinado Luis Carlos Galán, dijo durante una visita a Armenia que
“La participación va a ser fundamental en el post conflicto. Que los diferentes
actores que tramitan demandas, muchas de ellas legítimas, lo hagan a través de
la participación ciudadana y no a través de las armas”.
Por
otra parte el político Ramiro Valencia Cossio expresó su desacuerdo en el tema
en una publicación al diario El Colombiano afirmando que es un acuerdo apenas
para cuarenta jefes que tomaron a Cuba como su casa y que difícilmente vuelvan
a Colombia, mientras que el resto de guerrilleros son desconocidos campesinos
que pasan hambre por cuenta de la guerra.
“A esa guerrilla disminuida
y que tiene el rechazo del 98% de los colombianos es a la que llamamos para
dialogar, para hacerle las concesiones que no consiguieron por las armas en más
de 50 años de violencia y terrorismo. Estamos reviviendo el muerto. ¿Cuál
poderío de las Farc? ¿Cuál respaldo popular?”,
expresó Valencia Cossio.
El
senador del Partido de la U, Juan Carlos Vélez, restó importancia al tema y su
opinión fue que “Siguen dejando los temas gruesos para debatirlos más adelante.
Conclusión, sigue enredado el proceso de paz. Lo de hoy es una mera declaración
sin mayor trascendencia”.
El
acuerdo del segundo punto del proceso de paz es positivo para el desarme y el
paso hacia una lucha política, en el que se propondría que los guerrilleros
realizaran las respectivas reparaciones a sus víctimas y la posibilidad de que
se escojan personajes políticos que los representen en el congreso y las
elecciones.